Seremi de Seguridad del Biobío Richard Soto explicó que la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados en su primer trámite, incorporando ajustes administrativos para favorecer una implementación gradual y efectiva de la Ley N.º 21.802.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y particular y despachó al Senado el proyecto de ley corta que perfecciona la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, introduciendo ajustes a la Ley N.º 21.802 para facilitar su adecuada implementación por parte de los municipios del país.
En ese sentido, el Seremi de Seguridad Richard Soto, explicó que el proyecto de ley, impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, busca abordar dificultades prácticas asociadas a la aplicación de las nuevas exigencias legales, permitiendo que las municipalidades se adapten de manera gradual, fortaleciendo sus capacidades preventivas y resguardando la continuidad de los servicios de seguridad.
“Desde el 12 de agosto está vigente esta nueva normativa que viene a fortalecer el rol de los municipios y establece nuevas herramientas y obligaciones para mejorar la prevención del delito. Entre sus principales cambios, los Consejos Comunales de Seguridad Pública deberán sesionar trimestralmente y se crea un Comité Operativo que sesionará mensualmente, con participación del alcalde, Fiscalía y las policías, para abordar de manera coordinada las problemáticas de seguridad de cada comuna” señaló Soto.
La autoridad agregó que los municipios ya han comenzado a establecer estos nuevos criterios. “La semana pasada participamos en la comuna de Talcahuano en el hito de conformación de este nuevo Consejo Comunal, dando cumplimiento a la nueva normativa, que además establece la obligatoriedad de asistencia de sus integrantes. Como Seremi de Seguridad Pública estamos fortaleciendo un trabajo permanente y efectivo por la seguridad de las familias del Biobío.
La iniciativa se enmarca, además, en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), la cual tiene entre sus ejes fortalcer la labor preventiva de los municipios y su coordinación con las policías, a fin de mejorar la seguridad al interior de los barrios.
Entre las principales modificaciones, el proyecto permite a los municipios aumentar los recursos destinados a la contratación de personal de seguridad, por sobre el límite general del 42% establecido para los gastos en personal municipal. Para ello, podrán exceder dicho límite hasta en un monto equivalente al 5% de sus ingresos propios percibidos durante el año anterior. Este porcentaje podrá aumentar hasta un 15% de dichos ingresos, previa aprobación o evaluación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
Además, autoriza a las municipalidades a contratar personal de seguridad bajo las normas del Código del Trabajo, manteniendo estos trabajadores su calidad de funcionarios públicos y quedando sujetos a responsabilidad administrativa.
El proyecto también amplía las alternativas para acreditar la idoneidad física y psicológica de los inspectores de seguridad municipal, permitiendo que estas evaluaciones sean realizadas en establecimientos de salud públicos o privados. Para quienes actualmente cumplen estas funciones, se contempla un plazo de doce meses para acreditar este requisito.
Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, valoró la aprobación de la iniciativa y destacó que “la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que fortalece el sistema de seguridad municipal a segundo trámite constitucional en el Senado. Se ha aprobado la posibilidad de extender el límite de contratación de los municipios hasta el 15% de sus ingresos propios y, al mismo tiempo, se permitió que los exámenes médicos que acreditan la idoneidad física y psicológica de los inspectores de seguridad municipal puedan ser acompañados en el plazo de un año desde el nombramiento”.
La autoridad agregó que “esto es una muy buena noticia, y continuaremos la tramitación en el Senado para que prontamente las municipalidades de nuestro país tengan certeza del próximo marco regulatorio que va a regir a propósito de sus nuevas facultades”.
Por último, el subsecretario resaltó que los contenidos de la ley corta fueron trabajados, de manera previa, en un proceso participativo con las tres asociaciones de municipios del país, a fin de conocer sus requerimientos y desarrollar soluciones que no les generen perjuicios.
Cabe señalar que el proyecto mantiene el carácter preventivo y complementario de la labor municipal en materia de seguridad y no entrega facultades policiales a los inspectores municipales.
Con la aprobación de la Cámara de Diputados, la iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado.
