el alcalde de la comuna de Lota, Jaime Vásquez Castillo, se trasladó hasta Concepción donde presentó ante el Tribunal Electoral Regional del Biobío un requerimiento formal para declarar la inhabilidad del exalcalde Patricio Marchant Ulloa para ejercer cargos públicos por el plazo de cinco años. Al jefe comunal lo acompañaron los integrantes del Concejo Municipal y su equipo jurídico.
Según consta en el documento presentado, durante su gestión entre 2021 y 2024, el exalcalde Marchant incurrió en una conducta reiterada de abandono de deberes, faltas graves a la probidad administrativa y posibles delitos penales. Se descontaron cotizaciones previsionales a cientos de funcionarios del Departamento de Educación Municipal, pero no se pagaron. La deuda previsional acumulada supera los 8 mil millones de pesos, afectando la salud, pensiones y derechos fundamentales de los trabajadores.
Actualmente existen más de 160 juicios laborales y civiles activos, además de otros cientos de procesos de cobranza por servicios y bienes impagos. Un informe de la Contraloría Regional del Biobío detalla inactividad dolosa, ocultamiento de deudas, distorsión contable y abandono total de los controles internos, con indicios de malversación de fondos públicos que podrían configurar delitos penales.
Tras realizar el trámite, y acompañado de todos los integrantes del Concejo Municipal, Jaime Vásquez enfatizó:
«En Lota no hay espacio para la impunidad ni para quienes traicionan la confianza pública. El ejercicio de un cargo público exige respeto por la ley, compromiso con la gente y lealtad con la función pública. Y quien no honra esa responsabilidad, debe rendir cuentas. La transparencia no se declama, se practica, y nosotros, desde esta administración, lo estamos haciendo».
Vásquez agregó:
«Esta administración ha debido asumir el costo financiero, judicial y social de estos hechos. Hemos tenido que responder a juicios, enfrentar multas millonarias de la Superintendencia de Educación, contener la crisis del sistema educativo municipal y restablecer la confianza institucional. El daño es estructural y profundo, pero también reparable si actuamos con responsabilidad y decisión».
Antes de regresar a Lota, el jefe comunal cerró:
«Estos no son simples errores de administración. Hablamos de decisiones conscientes, persistentes y perjudiciales para el bienestar de nuestros trabajadores y el patrimonio municipal».
Se espera que el Tribunal Electoral Regional entregue una resolución en un plazo aproximado de 20 días.
