Más de ocho mil personas habitan espacios públicos en Chile, según el último Censo nacional. Esta realidad no es una elección de vida, sino el resultado de vulnerabilidad económica, familiar y emocional que converge en crisis habitacional.
La mayoría llega a la calle por primera vez, impulsada por pérdida de empleo, imposibilidad de pagar arriendos o rupturas familiares. El perfil muestra predominio masculino, pero también familias completas que tienen menores de edad.
La salud mental es central. Los trastornos psiquiátricos son cuatro veces más frecuentes que en la población general. Sustancias, psicosis y ansiedad predominan, exacerbados por estrés, violencia y exclusión. La relación es bidireccional, ya que los problemas mentales aumentan el riesgo de perder vivienda, pero habitar la calle también deteriora el bienestar emocional. El estigma perpetúa el aislamiento.
Muchos de ellos no quieren salir de la calle, pero esto no es sinónimo de «no querer ayuda». Es una respuesta racional ante opciones que no respetan su manera de entender la dignidad, autonomía o necesidades específicas de cada persona. La clave está en ofrecer alternativas que prioricen la privacidad, la elección y el respeto, reconociendo que la calle, a pesar de sus peligros, puede representar más libertad y pertenencia que las instituciones diseñadas para «ayudar”.
El acompañamiento integral combina vivienda, salud mental, trabajo y apoyo comunitario. La recuperación es posible cuando estos elementos se coordinan. El verdadero desafío es crear comunidades donde caer en la pobreza extrema no signifique quedar atrapado para siempre. Esto solo será posible cuando se reconozcan a quienes viven en la calle como personas iguales y dejar de mirar para otro lado y aceptar que tener un hogar y estabilidad emocional es un derecho de todos.