En respuesta a las alarmantes denuncias realizadas por trabajadores del Sindicato Interempresa Nacional de la Construcción, Montaje y Afines (SINTEC–Chile), la diputada Karen Medina (Indep-DC) ofició a diversos organismos, entre ellos el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Medio Ambiente, la Seremi de Salud y la Dirección del Trabajo. Este requerimiento surge tras una serie de manifestaciones llevadas a cabo por los empleados que prestan servicios a la empresa China First Highway Engineering Co. (CFHEC), a cargo de las faenas de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, en las comunas de Santa Bárbara, Quilaco y Los Ángeles, en la Región del Biobío.
Los trabajadores han denunciado un entorno laboral insostenible, caracterizado por violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales, malas condiciones laborales, y agresiones tanto físicas como verbales.
Adicionalmente, se ha señalado la presencia de vertimientos de productos químicos en el río Biobío, lo que podría estar configurando infracciones ambientales severas y potenciales incumplimientos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) asociada al proyecto Rucalhue.
La diputada Medina hizo hincapié en la necesidad de que los organismos públicos competentes proporcionen información detallada sobre las acciones de fiscalización que han realizado hasta la fecha, así como las medidas de protección laboral que se han adoptado y los procedimientos sancionatorios que pudieran estar en curso contra la CFHEC y Rucalhue Energía SpA.
“Es inadmisible que sigan existiendo condiciones laborales tan precarias y que además estemos enfrentando problemas ambientales que afectan a nuestra comunidad. Exigimos respuestas claras y acciones efectivas por parte de las autoridades”, declaró la parlamentaria.
Medina concluyó enfatizando que la fiscalización rigurosa de estas empresas es fundamental para proteger los derechos de los trabajadores y las garantías medioambientales en la región. “Esta situación no solo pone en riesgo la salud de los trabajadores, sino que también compromete la integridad de los ecosistemas locales y el derecho constitucional de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, aseguró.
