La propuesta legislativa también busca garantizar el apoyo en salud mental para los funcionarios y funcionarias de la PDI, para prevenir el posible desarrollo de cuadros psicológicos o psiquiátricos originados por el ejercicio de sus funciones.
A raíz de los hechos denunciados en la Comisión Especial Investigadora que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y Diputadas, sobre el actuar de las autoridades, en especial las relacionadas con la PDI y su alto mando, se tomó conocimiento de distintas situaciones graves que ocurrirían dentro de la institución, como la existencia de abusos sexuales de diferente tipo, desvinculaciones arbitrarias, algunos casos de tortura, lesiones y, lamentablemente, el fallecimiento de algunos miembros de la institución.
