Jefes comunales destacan el fortalecimiento del rol preventivo, pero alertan sobre el traspaso de responsabilidades sin financiamiento suficiente, protección a funcionarios ni consideración de las realidades territoriales.
Los alcaldes de Mulchén, José Miguel Muñoz; Quilaco, Pablo Urrutia; y Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, valoraron la reciente promulgación de la Ley de Seguridad Municipal, calificándola como un avance relevante en el reconocimiento del rol que cumplen los municipios en la prevención del delito. No obstante, advirtieron que su impacto real dependerá de una implementación responsable, con recursos permanentes, apoyo técnico y una coordinación efectiva entre los distintos niveles del Estado.
La nueva normativa refuerza las atribuciones de los inspectores municipales, habilita patrullajes preventivos, mejora el equipamiento de protección y promueve una mayor colaboración con Carabineros y el Ministerio Público. Sin embargo, los jefes comunales coincidieron en que las capacidades operativas y financieras de los municipios son desiguales, por lo que una aplicación uniforme de la ley podría generar sobrecarga institucional, especialmente en comunas rurales y de alta dispersión territorial.
En comunas con extensas zonas rurales, como Mulchén y Quilaco, los alcaldes señalaron que la ley no contempla medidas específicas para enfrentar delitos que afectan de manera permanente a estos territorios, como el abigeato, el robo de cables, los robos a la propiedad en sectores rurales y las problemáticas asociadas al consumo y tráfico de drogas, situaciones que impactan directamente en la percepción de inseguridad de las comunidades.
A ello se suman brechas estructurales en materia de telecomunicaciones y conectividad, que dificultan una respuesta oportuna frente a hechos delictuales, especialmente en sectores alejados de los centros urbanos. En este contexto, los alcaldes subrayaron la urgencia de fortalecer los recursos destinados a las centrales de cámaras, tanto en infraestructura tecnológica como en personal capacitado, considerando su rol estratégico en la prevención y el apoyo a la labor policial.
Otro aspecto crítico identificado es la ausencia de un financiamiento permanente y diferenciado, que considere variables como la extensión territorial, la dispersión geográfica y los mayores costos operativos que enfrentan las comunas rurales. Sin estos apoyos, advirtieron, la aplicación de la ley corre el riesgo de traspasar nuevas responsabilidades a los municipios sin generar mejoras concretas en materia de seguridad.
En este marco, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, valoró el avance legislativo, pero fue enfático en señalar sus límites:
“Valoramos que se reconozca el rol de los municipios en la prevención, porque somos la primera línea frente a los problemas de seguridad. Pero no podemos aceptar que se nos traspasen más responsabilidades sin financiamiento estable ni protección adecuada para nuestros funcionarios. La seguridad no puede seguir descansando solo en los municipios”, dijo.
Desde el sur del país, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, recalcó que la ley debe transformarse en una herramienta efectiva y no solo declarativa:
“Es fundamental que la Ley de Seguridad Municipal se convierta en una herramienta realmente efectiva. No basta con fortalecer atribuciones si no se contemplan los recursos necesarios para su implementación. Hoy estamos en un momento crítico, donde la colaboración entre los distintos niveles de gobierno es clave. La seguridad es una responsabilidad compartida y no puede recaer exclusivamente en los municipios”, expresó.
Wainraihgt agregó que “cada comuna tiene una realidad distinta que debe ser evaluada con seriedad. Es indispensable avanzar en mecanismos de financiamiento estables y en garantías de protección para nuestros funcionarios municipales. Todos queremos entornos más seguros para nuestros vecinos, pero ese objetivo no puede alcanzarse a cualquier costo”.
En la misma línea, el alcalde de Quilaco y presidente de AMCORDI, Pablo Urrutia, advirtió que la implementación de la normativa en comunas rurales presenta desafíos adicionales que deben ser abordados para evitar efectos contraproducentes y asegurar que la ley fortalezca, y no debilite, la gestión municipal en seguridad.
Por último, los alcaldes hicieron un llamado al Gobierno y al Congreso a que la implementación de la Ley de Seguridad Municipal considere las particularidades territoriales, fortalezca la infraestructura tecnológica y la conectividad rural, y garantice un financiamiento adecuado y permanente, de modo que la seguridad pública sea abordada como una tarea compartida del Estado y no como una carga adicional para los gobiernos locales.
