Cada 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que
invita a reflexionar sobre los avances y los desafíos pendientes en materia de equidad de género. En este contexto, Chile enfrenta el deber de incluir en esta reflexión a un grupo históricamente invisibilizado: las mujeres en situación de discapacidad (MeSD) y las mujeres cuidadoras, quienes deben enfrentar múltiples barreras en su vida cotidiana.
Brechas de género y discapacidad en Chile
La inclusión de personas en situación de discapacidad ha sido abordada a través de diversas políticas públicas, leyes y programas sociales. Sin embargo, los datos revelan que persisten importantes desigualdades, especialmente cuando se incorpora el enfoque de género.
Según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE) 2022, el 21,9% de
las mujeres adultas en Chile presenta algún tipo de discapacidad (1.463.267 personas), en contraste con el 13,1% de los hombres adultos (821.765 personas). Además, la dependencia funcional afecta en mayor medida a las mujeres (12,4%) que a los hombres (9,8%). Estos datos evidencian la urgencia de analizar la realidad de las mujeres en situación de discapacidad (MeSD) y de quienes asumen labores de cuidado.
Desde un enfoque psicosocial, es fundamental reconocer que las MeSD enfrentan múltiples formas de violencia, muchas de ellas invisibilizadas por la sociedad. Según un estudio de ONU Mujeres (2016), el 70% de las mujeres con discapacidad en Chile, Costa Rica y Uruguay han sufrido violencia intrafamiliar, marginalidad y desventajas estructurales.
Asimismo, las MeSD tienen tres veces más probabilidades de experimentar distintos tipos de violencia en comparación con mujeres sin discapacidad (Oficina para la Salud de la Mujer, 2018). Estas violencias pueden ser físicas, psicológicas, sexuales, económicas, laborales, institucionales, políticas, simbólicas, patrimoniales e indirectas.
Ante este contexto, cobra especial relevancia el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad, tal como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas. Garantizar su autonomía es clave para que las MeSD puedan denunciar situaciones de violencia, acceder a protección legal y decidir sobre su vida y bienestar.
Por otra parte, la desigualdad también se expresa en el ámbito laboral. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión laboral 21.015, se han registrado 124.296 contratos para
personas en situación de discapacidad. De estos, solo el 36% corresponde a mujeres, lo que refleja una significativa brecha de género en el acceso al empleo formal.
Diversos estudios han advertido que la intersección entre género y discapacidad incrementa la exclusión, la discriminación y la violencia. Esta situación se agrava aún más al sumarse otros factores como la pobreza, edad avanzada, ruralidad, migración, diversidad sexual u origen étnico.
En el libro Mujer, Discapacidad y Violencia (Fundación Chilena para la Discapacidad,
2020) se profundiza en la situación de las MeSD en Chile, destacando la invisibilización de su experiencia en el marco de la violencia de género. Este documento recopila testimonios que evidencian la dependencia económica de muchas mujeres respecto de sus agresores, así como la falta de mecanismos accesibles de denuncia, lo que perpetúa las situaciones de abuso. Además, analiza las barreras en el acceso a la justicia, la salud y el empleo, enfatizando la necesidad de políticas públicas que contemplen un enfoque interseccional y de derechos humanos.
La invisibilizarían de las experiencias de violencia vividas por las MeSD y las barreras
para acceder a justicia, salud y empleo, se refuerza la urgencia de políticas públicas que
integren una perspectiva interseccional y de derechos humanos. En esa línea, la Fundación Chilena para la Discapacidad elaboró un protocolo específico para la prevención y atención de casos de violencia hacia las MeSD buscando adecuar los apoyos y cuidados necesarios para garantizar su protección.
El cuidado: una labor feminizada e invisibilizada
En Chile, el debate sobre los cuidados ha cobrado fuerza en los últimos años, siendo
impulsado por demandas sociales y organizaciones de la sociedad civil. Aun así, persiste una gran deuda frente a quienes asumen estas labores, especialmente las mujeres cuidadoras de personas en situación de discapacidad.
Tal como señala el libro Personas que Cuidan de la Fundación Chilena para la
Discapacidad, se requiere una política pública integral que garantice bienestar tanto a las personas cuidadoras como a quienes reciben cuidados. La ausencia de apoyos y la falta de corresponsabilidad social profundizan desigualdades en salud física y mental, acceso al trabajo remunerado, participación social y posibilidades de autocuidado.
En Chile, la labor de cuidado recae principalmente en mujeres, ya sean madres, hermanas, hijas o parejas. Muchas de ellas ven restringidas sus oportunidades de desarrollo personal y laboral, quedando atrapadas en ciclos de dependencia económica y aislamiento social. Todo esto ocurre en un contexto de fuertes estereotipos de género que perpetúan la idea de que cuidar es una obligación femenina.
Experiencias de países como Costa Rica y Uruguay demuestran que es posible avanzar
hacia sistemas nacionales de cuidados que promuevan la corresponsabilidad entre el
Estado, las familias, el sector privado y la comunidad. Incorporar a los hombres,
organizaciones sociales e instituciones públicas en el trabajo de cuidado es fundamental para transformar esta realidad y avanzar hacia un modelo basado en la interdependencia y la dignidad.
Conclusiones
El análisis de la situación de MeSD y de las mujeres cuidadoras revela una problemática
compleja y estructural, marcada por múltiples desigualdades que profundizan las brechas de género y limitan el ejercicio de derechos fundamentales.
Frente a este panorama, se vuelve indispensable que las políticas públicas incorporen una mirada interseccional que garantice la protección, autonomía y participación plena de todas las mujeres, sin excepción. Solo mediante el trabajo conjunto del Estado, la sociedad civil y el sector privado podremos eliminar las barreras que impiden su inclusión y construir un Chile más justo, equitativo e inclusivo.
En este Día Internacional de la Mujer, es momento de visibilizar, reflexionar y actuar.
Lograr una sociedad donde todas las mujeres vivan con dignidad y autonomía depende del compromiso de todos y todas.
